El equipo de gobierno ha aprobado en solitario incoar un procedimiento para revisar de oficio la modificación del contrato de "Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria de Pinoso" suscrito con la mercantil SAPESA S.L., acometida en 2002 para ampliar el plazo de la duración del contrato por 15 años.

Con el procedimiento iniciado se pretende determinar si concurrió alguna causa de nulidad con la modificación de este contrato, que según la legislación aplicable únicamente se podría llevar a cabo por razones de interés público, siempre que fueran a causa de necesidades nuevas o causas imprevistas y siempre que quedaran debidamente justificadas en el expediente.

Según el informe emitido por el Secretario General del ayuntamiento, esta modificación "supuso un incumplimiento de los requisitos exigidos por la ley de contratos entonces vigente, que exigía, no sólo la justificación de la modificación en base al interés general, sino que quedara constancia de que los cambios se originaban por necesidades o nuevas causas imprevistas".

Asimismo, establece que ampliar el plazo por 15 años sin convocar un nuevo procedimiento de contratación "vulnera aspectos como la transparencia en la contratación o la igualdad entre los licitadores".

Esto, de acuerdo al informe, "conlleva la nulidad de dicha modificación, puesto que, ante la voluntad de modificarse el contrato en aspectos de la envergadura de los acometidos, el procedimiento a seguir hubiera debido ser la tramitación de un procedimiento administrativo de adjudicación de un nuevo contrato en base a la profunda novación contractual que se dio".

La incoación del expediente aprobada en el pleno ordinario implica el nombramiento como instructor del procedimiento al Secretario de la Corporación y notificar a la empresa el inicio del mismo, para que efectúe las alegaciones que considere.

En el caso de considerar que la mencionada modificación está afectada por una posible nulidad, se generaría la eventual resolución del contrato, trámite que deberá avalar el Consell Juridic Consultiu de la Comunidad Valenciana con el pertinente informe que resultará vinculante.

Por ello, se va a solicitar al Consell Juridic Consultiu que dictamine si el contrato acaba en el año 2017 o en 2021, como asegura la empresa.

Los ediles de la oposición han decidido abstenerse en este punto del pleno ordinario del mes de marzo.