Desbloquear los proyectos municipales planteados para el edificio de la antigua CAM, en la calle Pelayo, y de la estructura que debería haber acogido el Instituto Tecnológico del Mármol ha sido el objeto de la reciente reunión mantenida por el alcalde de Novelda, Fran Martínez, con la directora general de Patrimonio y Modelo Económico, Isabel Castelló.

La sede de la Dirección General de Patrimonio en Valencia fue el escenario de esta reunión a la que el alcalde noveldense, Fran Martínez, acudió acompañado del concejal de Hacienda, Iván Ñíguez, y técnicos municipales. En el encuentro de trabajo, calificado por Martínez de “satisfactorio” por la “positiva predisposición municipalista” de la Generalitat, el primer edil trasladó a la responsable de Patrimonio la necesidad de desbloquear la situación en la que se encuentra el antiguo edificio de la CAM, en la calle Pelayo, en una de cuyas plantas el gobierno municipal proyecta crear un espacio compartido para emprendedores que albergaría también la sede de la Agencia de Desarrollo Local, una propuesta que ha sido “acogida positivamente” por la Dirección General y en cuyo expediente comenzará a trabajar en breve el consistorio noveldense.

Bastante más complicada es la solución de futuro para los terrenos sobre los que se levanta la estructura que debería haber acogido el Instituto Tecnológico del Mármol, un asunto que se encuentra judicializado desde que Aidico entró, hace más de tres años, en concurso de acreedores. En este caso desde Conselleria se ha “mostrado sincera voluntad”, según señalaba Fran Martínez, para que la parcela “revierta de manera positiva para la población de Novelda y el Ayuntamiento” aunque, subrayaba, habrá que esperar a la resolución judicial.

Hay que recordar que la estructura del ITM se levanta sobre una parcela de 15.000 metros cuadrados, en la zona de El Fondonet, que el Ayuntamiento cedió a la administración valenciana hace más de quince años para la construcción del Instituto Tecnológico a través de AIDICO que contó, además, con una subvención de cinco millones de euros de los Fondos Europeos de la que Bruselas reclama su devolución al no haberse cumplido el objeto para la que fue concedida.