El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha asegurado que, en la primavera de 2018, "no era alcalde, ni podía firmar, ni quitar multas”, en relación al Decreto denunciado por el sindicato SITAP ante Fiscalía por el que supuestamente se anulaban varias multas de la ORA.

La Fiscalía remitió en septiembre al Juzgado Decano de Novelda la denuncia contra el actual alcalde de Aspe, un exconcejal y dos funcionarios, por supuestamente anular varias multas de la ORA en 2018, al considerar que existes indicios suficientes de una posible prevaricación.

Los actos denunciados sucedieron en la primavera de 2018 cuando los responsables políticos presuntamente anularon, por Decreto de Alcaldía, "con la presunta colaboración" de dos funcionarios, algunas de las 140 denuncias, a pesar de que fueron cursadas correctamente, y sin determinar por qué unas se anularon y otras no", según SITAP.

La denuncia por presunta prevaricación, interpuesta el 9 de septiembre de 2019, fue dada a conocer ayer por el Sindicato de Trabajadores de la Administración (SITAP) y ya está en manos del Juzgado de Instrucción número dos de Novelda.

Por su parte, este viernes, Antonio Puerto ha afirmado: “Ni se me pasa por la cabeza decirle a un funcionario que no cumpla sus obligaciones”.

Asimismo, ha indicado que la denuncia que se presentó ante Fiscalía el pasado mes de septiembre es una “vendetta” de los agentes después de que en julio se negara "a atender la petición de dos de los denunciantes" que se presentaron en su despacho y le solicitaron "que le quitara una sanción a un compañero agente de la policía por incumplimiento en su trabajo”.

El alcalde ha asegurado que los agentes “tan solo van buscando un desgaste político y personal”, hacia el alcalde de Aspe y hacia el concejal de Urbanismo, José Manuel García, también investigado.

Antonio Puerto, que entonces era concejal de Comercio del Ayuntamiento de Aspe, ha indicado que este Decreto fue firmado por la alcaldesa socialista, María José Villa, y el procedimiento fue realizado, “cumpliendo con la normativa y con las pertinentes justificaciones, por lo que lo avalamos en su momento”, en alusión a los miembros de la Corporación.

El entonces concejal de Comercio ha explicado que en la primavera de 2018 se reactivó la zona azul con la contratación de dos vigilantes externos a la Policía Municipal, tras las quejas de los comerciantes de que no se está respetando el aparcamiento regulado por la ORA.

A raíz de ello, se realizó una campaña informativa, por parte de los vigilantes externos, que fue respondida por los agentes de la Policía Municipal , añade Puerto, “a modo de huelga a la japonesa, con la imposición de cerca de 40 multas en una semana, tras meses de no poner sanciones”.

El alcalde y exconcejal de Comercio, que declarará como investigado este mes de febrero, ha dicho que esta "deseoso" de acudir al juzgado, para que “se pueda ver quién sí pudo omitir alguna sanción o por qué hubo periodos en los que no se emitieron sanciones”.